True Crime Podcast Shorts 5ba5

En la mañana del lunes 30 de mayo de 2005 un grupo de estudiantes del instituto Mountain Brook se encontraba en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, en Aruba. Pronto abordarían el avión de regreso a su hogar en Estados Unidos, marcando el fin de su viaje de graduación. Sin embargo, aquella soñada aventura no terminaría como habían planeado. Al grupo le faltaba una de sus integrantes: Natalee Holloway, de 17 años. Aunque llevaban varias horas sin saber de ella, recordaban con claridad la última vez que la habían visto: alrededor de la 1:30 de ese mismo día. Sus compañeros de clase la habían observado subiendo a un auto junto a Joran van der Sloot, un estudiante neerlandés de 17 años que vivía en Aruba y había conocido al grupo de turistas días antes. Los recién graduados esperaron a Natalee hasta el último momento, pero la voz de la megafonía del aeropuerto rompió el silencio: era el último aviso de embarque. En breve, el avión partiría hacia Estados Unidos. Este es el caso de Natalee Holloway, una historia donde la línea entre la verdad y la mentira es difícil de trazar. Buenas noches y bienvenidos a Laberinto Criminal. A pesar de formar parte del Reino de los Países Bajos, Aruba está muy lejos de Europa. Esta isla, famosa por su arena blanca y aguas cristalinas, se encuentra en el corazón del Caribe holandés. Por su cálida temperatura y paisajes idílicos, se ha convertido en un destino turístico ideal desde hace décadas. Así fue también para Natalee Holloway y sus compañeros del instituto Mountain Brook High School en 2005. Natalee nació el 21 de octubre de 1986 en Mississippi, Estados Unidos. Pocos días antes de llegar a Aruba, se había graduado con honores de su escuela secundaria. Su paso por el instituto no pasó desapercibido: era miembro de la Sociedad Nacional de Honor, del equipo de baile y participaba en otras actividades extracurriculares. Su objetivo era claro: estudiar una carrera universitaria. De hecho, había conseguido una beca completa en la Universidad de Alabama para estudiar Medicina. Sin embargo, su paso por Aruba cambiaría todo. En aquel rincón del Caribe, el destino la cruzó con Joran van der Sloot, un joven de 18 años que marcaría el final de sus sueños. Joran nació en los Países Bajos, pero a los tres años su familia se mudó a Aruba. Sus padres, Paulus y Anita, soñaban con brindarle a él y a sus hermanos la mejor educación. Joran destacó en los deportes, especialmente en fútbol y tenis, llegando a ganar campeonatos. También fue un estudiante destacado, pero su adolescencia estuvo marcada por la rebeldía. Pasaba noches fuera de casa y disfrutaba de la vida nocturna de Aruba. Natalee y sus compañeros viajaron con un grupo de adultos responsables, pero solo contaban con un seguimiento ocasional y no una supervisión estricta en sus salidas nocturnas. Esto les permitió disfrutar de las fiestas y de las playas durante toda una semana. En ese tiempo conocieron a Joran, descrito como un joven carismático, y a los hermanos Deepak y Satish Kalpoe, de 21 y 18 años, originarios de Surinam. Juntos, compartieron noches de baile y diversión. El domingo 29 de mayo de 2005, la última noche del viaje, Natalee y sus amigos decidieron despedirse de su etapa escolar con una gran fiesta. Salieron del hotel Holiday Inn y se dirigieron al club nocturno Carlos ‘n Charlie’s, popular entre locales y turistas. Allí, se reencontraron con Joran y los hermanos Kalpoe, con quienes compartieron gran parte de la noche. Al llegar la madrugada, las amigas de Natalee sugirieron volver al hotel, pero ella insistió en quedarse un poco más. Joran se ofreció a llevarla más tarde, y Natalee aceptó, despidiéndose de sus compañeras. Subió a un auto junto a los tres jóvenes, siendo vista por última vez alrededor de la 1:30. A la mañana siguiente, el grupo desayunó y se dispuso a hacer el equipaje para regresar a Estados Unidos. Sin embargo, las amigas de Natalee notaron con preocupación su ausencia: su cama seguía intacta y su bolso permanecía a medio hacer. Alarmadas, acudieron a la recepción donde confirmaron que ella no había regresado. La esperaron hasta el último momento, pero finalmente el avión despegó sin ella. Al llegar a Estados Unidos, notificaron a Beth Holloway, la madre de Natalee, quien supo de inmediato que algo estaba mal. Conociendo el carácter de su hija, descartó que pudiera haberse ausentado voluntariamente. Un oscuro presentimiento invadió su corazón: Natalee había sido secuestrada o asesinada. Beth y el padrastro de Natalee viajaron de inmediato a Aruba. Al llegar, acudieron a la policía, pero las autoridades locales minimizaron la situación, asegurando que la joven seguramente regresaría por su cuenta. Desesperados por la falta de acción, los padres de Natalee comenzaron a investigar por su cuenta. En el hotel, recogieron el equipaje y pasaporte de su hija y obtuvieron el nombre completo de Joran, el último en verla. Tras 48 horas sin noticias, la policía clasificó el caso como una desaparición y lanzó un operativo de búsqueda. Cincuenta marinos neerlandeses rastrearon la costa, mientras empleados públicos y voluntarios se sumaron al esfuerzo. Los bancos locales recaudaron 20.000 dólares para la causa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos colectivos, el paradero de Natalee seguía siendo un misterio. No se encontraron rastros de Natalee Holloway después de que su madre, Beth, proporcionara a las autoridades el nombre de Joran van der Sloot. La policía acudió a su apartamento, donde encontraron al joven junto a los hermanos Kalpoe, Deepak y Satish. A partir de ese momento, la investigación quedó sumida en un clima de confusión y versiones contradictorias. En una primera declaración, Joran afirmó que la madrugada del 30 de mayo, él y los hermanos Kalpoe habían llevado a Natalee a la playa y alrededor de las 2, la dejaron en su hotel. Aseguró haberla visto entrar sola. Sin embargo, las cámaras de seguridad desmintieron su relato: no había registros de la joven ingresando al lobby. En una segunda versión, Joran insistió en que habían llevado a Natalee a la playa, pero esta vez afirmó que ella estaba demasiado borracha y decidió quedarse sola allí. Nuevamente, su relato fue desmentido, esta vez por pescadores que se encontraban en la zona y que aseguraron no haber visto a nadie en esas condiciones. El 5 de junio de 2005, dos exguardias de seguridad del hotel, Anthony John y Abraham Jones, fueron arrestados después de que los hermanos Kalpoe dieran descripciones que los involucraban. Según los Kalpoe, tras dejar a Natalee en el hotel, vieron a dos hombres con uniformes de guardia de seguridad acercarse a ella. Sin embargo, ambos detenidos fueron liberados una semana después por falta de pruebas. Días antes de esta liberación, Joran y los hermanos Kalpoe fueron arrestados como principales sospechosos de la desaparición de Natalee. Poco después, un DJ llamado Steve Gregory Croes, de 26 años, también fue detenido, seguido por Paulus van der Sloot, el padre de Joran, un abogado que aspiraba a ser juez. Según The New York Times, todos ellos fueron considerados sospechosos, aunque nunca se hicieron públicos los motivos concretos de sus arrestos. Para septiembre de 2005, todos habían sido liberados debido a la falta de pruebas. Durante dos años, no hubo avances significativos en el caso. En noviembre de 2007, Joran fue arrestado nuevamente en los Países Bajos a petición de las autoridades de Aruba, bajo la sospecha de estar involucrado en el homicidio de Natalee. Sin embargo, fue liberado un mes después por falta de pruebas concluyentes, y en diciembre de ese año, los cargos fueron retirados. La ausencia de evidencias físicas, las múltiples versiones de los hechos y la limitada capacidad forense de Aruba llevaron el caso a un callejón sin salida. En febrero de 2008, un programa de televisión holandés transmitió una supuesta confesión de Joran captada con una cámara oculta por Patrick van der Eem, un empresario que trabajaba de encubierto para un periodista. En el video, Joran afirmó que Natalee había muerto por una sobredosis y que había arrojado su cuerpo al mar. Aunque esto llevó a las autoridades de Aruba a reabrir el caso, no pudieron corroborar la confesión y Joran fue liberado nuevamente. Más tarde, Joran afirmó que había mentido a Patrick, diciéndole lo que quería escuchar. Ese mismo año, apareció en el programa de Fox News, conducido por Greta Van Susteren, donde aseguró que había vendido a Natalee a una red de tráfico humano. Sin embargo, horas después, envió un correo al programa itiendo que había mentido. En 2010, en otra entrevista para RTL5, Joran afirmó que Natalee había muerto al caer de un balcón tras consumir sustancias en la casa de un amigo. Antes de que esta declaración saliera al aire, las autoridades investigaron y desmintieron sus afirmaciones. Era evidente que independientemente de su responsabilidad en el caso, Joran disfrutaba de la atención mediática. El 30 de mayo de 2010, cinco años después de la desaparición de Natalee, Stephanie Flores Ramírez, una joven peruana de 21 años, fue reportada como desaparecida en Lima, Perú. Al igual que con Natalee, Stephanie fue vista por última vez en compañía de Joran. Esta vez, sin embargo, hubo una diferencia crucial: Stephanie fue encontrada muerta en una habitación de hotel registrada a nombre de Joran. Su cuerpo presentaba signos de haber sido brutalmente golpeado. Joran fue arrestado en Chile el 3 de junio de 2010 y extraditado a Perú. Durante el interrogatorio, confesó haber asesinado a Stephanie tras un ataque de ira, al descubrir que ella había revisado su computadora y encontrado información sobre el caso de Natalee. En enero de 2012, Joran fue sentenciado a 28 años de prisión por el asesinato de Stephanie. En paralelo a su condena en Perú, Joran enfrentó cargos de extorsión y fraude bancario en Estados Unidos. En 2010, antes del asesinato de Stephanie, Joran había intentado extorsionar a Beth Holloway, ofreciéndole información sobre el paradero de Natalee a cambio de 250.000 dólares. El FBI organizó una operación encubierta en la que Joran recibió un pago inicial de 25.000 dólares, pero no proporcionó información válida. Fue acusado formalmente en julio de 2010. En 2023, Joran fue extraditado temporalmente a Estados Unidos desde Perú para enfrentar estos cargos. Durante el juicio, como parte de un acuerdo de culpabilidad, Joran confesó lo que según él, ocurrió aquella noche de 2005 en Aruba. Aseguró que tras rechazar sus insinuaciones, golpeó a Natalee y la arrastró inconsciente hasta la playa, donde arrojó su cuerpo al mar. No implicó a los hermanos Kalpoe en el hecho. Finalmente, Joran fue sentenciado a 20 años de prisión por extorsión y fraude, una condena que cumplirá después de su sentencia en Perú. Aunque Joran nunca enfrentará un juicio por el asesinato de Natalee debido a la prescripción del caso en Aruba y la falta de jurisdicción, su confesión puso fin a 18 años de incertidumbre. Beth Holloway declaró que aunque el cuerpo de su hija nunca fue encontrado la familia finalmente tiene un cierre. Para ellos, Joran van der Sloot dejó de ser un sospechoso para convertirse en el asesino confeso de Natalee Holloway.

El caso de Emanuela Orlandi, una joven de 15 años nacida y criada en el corazón del Vaticano, es uno de los enigmas más oscuros y perturbadores de la historia reciente. El 22 de junio de 1983, Emanuela salió de su casa para asistir a su clase de música en Roma, como lo hacía habitualmente. Aquel día, sin embargo, algo fue diferente. Llegó tarde a clase, estuvo distraída durante la lección y pidió salir antes, un comportamiento inusual en una joven conocida por su responsabilidad. Después de la clase, Emanuela llamó a su casa desde una cabina telefónica para contarle a su hermana Federica sobre una oferta laboral que había recibido de un hombre que le prometía una considerable suma de dinero por repartir folletos de cosméticos Avon. Aunque entusiasmada, Emanuela dijo que quería consultar con sus padres antes de aceptar. Esa fue la última vez que alguien de su familia supo de ella. Testigos posteriores afirmaron haberla visto hablando con un hombre cerca del Palazzo Madama, sede del Senado italiano, quien conducía un BMW verde metalizado. A pesar de los esfuerzos iniciales, el hombre nunca fue identificado y la pista se desvaneció. Mientras tanto, la familia Orlandi comenzó una desesperada búsqueda, enfrentándose a una inacción inicial por parte de la policía que desestimó la desaparición como un caso común de adolescente. A medida que pasaron los días, el caso atrajo la atención mediática, generando una avalancha de teorías conspirativas que involucraban al Vaticano, la mafia, servicios secretos internacionales y figuras clave de la época. Desde entonces, la desaparición de Emanuela Orlandi ha estado rodeada de silencio, contradicciones y especulaciones. Décadas después, el misterio sigue sin resolverse. La familia Orlandi, incansable en su búsqueda de respuestas, continúa exigiendo justicia y transparencia en un caso que, más de 40 años después, sigue siendo una mancha imborrable para el Vaticano y un dolor constante para quienes conocieron y amaron a Emanuela.

El caso de Yara Gambirasio es uno de los episodios más sombríos y conmovedores en la historia criminal de Italia. Yara, una joven de 13 años, desapareció la tarde del 26 de noviembre de 2010 en Brembate di Sopra, un pequeño pueblo en la provincia de Bérgamo. La niña salió de su casa para devolver un radiocasete a su entrenadora en el gimnasio donde practicaba gimnasia rítmica, pero nunca regresó. A medida que avanzaba la noche y se hacía evidente su ausencia, comenzó una búsqueda frenética que involucró a su familia, amigos, y luego a toda la comunidad. La desaparición de Yara conmocionó a Italia, y pronto las autoridades iniciaron una investigación masiva encabezada por la fiscal Letizia Rugeri. Las primeras horas y días fueron cruciales, con un despliegue de fuerzas policiales, voluntarios y perros rastreadores que peinaron el área. La búsqueda se extendió sin descanso, pero durante tres largos meses no hubo rastro de Yara. Fue hasta el 26 de febrero de 2011 cuando un aficionado que volaba un avión teledirigido en un campo cercano encontró, por azar, el cuerpo de Yara en un avanzado estado de descomposición. La noticia causó un profundo impacto en la sociedad italiana. La autopsia reveló datos escalofriantes: Yara había sufrido golpes y heridas de arma blanca, y aunque ninguna lesión era mortal por sí misma, se determinó que la hipotermia habría acelerado su muerte. La falta de pistas contundentes complicó la investigación, pero los investigadores lograron obtener un perfil genético a partir de muestras de ADN encontradas en la ropa de Yara. Sin embargo, Italia no contaba en ese momento con una base de datos nacional de ADN, lo que representó un gran desafío para los investigadores. El ADN fue identificado como masculino, y el portador, al que llamaron “Inyoto Uno” o "desconocido Uno", se convirtió en el principal sospechoso. La fiscal Rugeri y su equipo recurrieron entonces a un exhaustivo muestreo de ADN en la región de Bérgamo, en un esfuerzo por encontrar coincidencias. Más de 15,000 muestras fueron recolectadas y analizadas a lo largo de años de investigación, incluyendo las de la familia Guerinoni, un linaje de Bérgamo con el que el ADN presentaba coincidencias parciales. Finalmente, se identificó a Giuseppe Guerinoni como el padre biológico del sospechoso, lo que generó una nueva línea de investigación orientada a encontrar al hijo ilegítimo de Giuseppe. Tras años de análisis genéticos y de investigación genealógica, en 2014, los investigadores lograron identificar al sospechoso: Massimo Bossetti, un trabajador de la construcción y residente de Bérgamo. Bossetti fue arrestado y juzgado en 2015. A pesar de su defensa, que siempre sostuvo su inocencia, el ADN lo vinculaba de manera irrefutable a la escena del crimen. Fue condenado a cadena perpetua. El caso de Yara Gambirasio dejó una huella profunda en Italia, tanto por la brutalidad de los hechos como por el despliegue tecnológico y científico empleado en su resolución. La historia de Yara continúa siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de los más jóvenes y de la incansable búsqueda de justicia en un caso que desafió a una comunidad y al sistema judicial italiano.

El caso de Yara Gambirasio es uno de los episodios más sombríos y conmovedores en la historia criminal de Italia. Yara, una joven de 13 años, desapareció la tarde del 26 de noviembre de 2010 en Brembate di Sopra, un pequeño pueblo en la provincia de Bérgamo. La niña salió de su casa para devolver un radiocasete a su entrenadora en el gimnasio donde practicaba gimnasia rítmica, pero nunca regresó. A medida que avanzaba la noche y se hacía evidente su ausencia, comenzó una búsqueda frenética que involucró a su familia, amigos, y luego a toda la comunidad. La desaparición de Yara conmocionó a Italia, y pronto las autoridades iniciaron una investigación masiva encabezada por la fiscal Letizia Rugeri. Las primeras horas y días fueron cruciales, con un despliegue de fuerzas policiales, voluntarios y perros rastreadores que peinaron el área. La búsqueda se extendió sin descanso, pero durante tres largos meses no hubo rastro de Yara. Fue hasta el 26 de febrero de 2011 cuando un aficionado que volaba un avión teledirigido en un campo cercano encontró, por azar, el cuerpo de Yara en un avanzado estado de descomposición. La noticia causó un profundo impacto en la sociedad italiana. La autopsia reveló datos escalofriantes: Yara había sufrido golpes y heridas de arma blanca, y aunque ninguna lesión era mortal por sí misma, se determinó que la hipotermia habría acelerado su muerte. La falta de pistas contundentes complicó la investigación, pero los investigadores lograron obtener un perfil genético a partir de muestras de ADN encontradas en la ropa de Yara. Sin embargo, Italia no contaba en ese momento con una base de datos nacional de ADN, lo que representó un gran desafío para los investigadores. El ADN fue identificado como masculino, y el portador, al que llamaron “Inyoto Uno” o "desconocido Uno", se convirtió en el principal sospechoso. La fiscal Rugeri y su equipo recurrieron entonces a un exhaustivo muestreo de ADN en la región de Bérgamo, en un esfuerzo por encontrar coincidencias. Más de 15,000 muestras fueron recolectadas y analizadas a lo largo de años de investigación, incluyendo las de la familia Guerinoni, un linaje de Bérgamo con el que el ADN presentaba coincidencias parciales. Finalmente, se identificó a Giuseppe Guerinoni como el padre biológico del sospechoso, lo que generó una nueva línea de investigación orientada a encontrar al hijo ilegítimo de Giuseppe. Tras años de análisis genéticos y de investigación genealógica, en 2014, los investigadores lograron identificar al sospechoso: Massimo Bossetti, un trabajador de la construcción y residente de Bérgamo. Bossetti fue arrestado y juzgado en 2015. A pesar de su defensa, que siempre sostuvo su inocencia, el ADN lo vinculaba de manera irrefutable a la escena del crimen. Fue condenado a cadena perpetua. El caso de Yara Gambirasio dejó una huella profunda en Italia, tanto por la brutalidad de los hechos como por el despliegue tecnológico y científico empleado en su resolución. La historia de Yara continúa siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de los más jóvenes y de la incansable búsqueda de justicia en un caso que desafió a una comunidad y al sistema judicial italiano.

El caso de Lucía Garrido es uno de los crímenes más complejos y mediáticos en la historia reciente de España, vinculado a una red de corrupción, violencia y encubrimiento que sacudió profundamente a las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. Lucía Garrido fue asesinada en abril de 2008, después de haber denunciado repetidas veces a su exmarido, Manuel Alonso Herrero, por malos tratos. A pesar de sus constantes denuncias, el sistema judicial no le brindó la protección necesaria. Lucía vivía en la finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, Málaga, un lugar que compartía con Manuel, con quien tenía una hija. En esa finca se gestionaba el cuidado de animales exóticos decomisados por la Guardia Civil, en lo que parecía ser una actividad legal, pero que más tarde revelaría ser el centro de actividades ilegales, incluyendo el tráfico de animales y narcotráfico. El 30 de abril de 2008, Lucía fue brutalmente asesinada. Su cuerpo apareció flotando en la piscina de la finca, con evidentes signos de violencia. Lo que en un principio parecía un crimen pasional cometido por su exmarido, rápidamente se transformó en algo mucho más profundo. La investigación, conocida como el "Caso Telaraña", destapó una red de corrupción que involucraba a de la Guardia Civil, funcionarios públicos y redes de narcotráfico. Manuel Alonso Herrero fue señalado desde el principio como el principal sospechoso del asesinato, pero presentó una coartada sólida basada en recibos y testimonios que lo situaban fuera de la finca en el momento del crimen. Aunque su implicación en la red de corrupción y tráfico de animales era evidente, las pruebas directas que lo vinculaban con la muerte de Lucía resultaron insuficientes durante años. La corrupción en las investigaciones y las conexiones entre criminales y agentes de seguridad impidieron que se avanzara rápidamente en el caso. El caso se mantuvo estancado durante años, hasta que una investigación más profunda, iniciada en 2012, permitió reabrirlo bajo la supervisión del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Este equipo descubrió que la corrupción en torno a la muerte de Lucía estaba relacionada con otras actividades criminales, incluyendo el narcotráfico y la protección de ciertos delincuentes por parte de de las fuerzas de seguridad. Finalmente, en 2019, un juicio absolvió a los acusados, entre ellos Manuel Alonso, debido a la falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, tras una apelación de la familia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó la repetición del juicio, que está pendiente de celebrarse. El caso de Lucía Garrido no solo destaca por la brutalidad de su asesinato, sino también por la complejidad de una red de corrupción que involucraba a aquellos que, en teoría, debían protegerla. Su muerte destapó las fallas del sistema judicial y puso de manifiesto las profundas conexiones entre el crimen organizado y ciertos sectores de las fuerzas del orden.

El caso de Lucía Garrido es uno de los crímenes más complejos y mediáticos en la historia reciente de España, vinculado a una red de corrupción, violencia y encubrimiento que sacudió profundamente a las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. Lucía Garrido fue asesinada en abril de 2008, después de haber denunciado repetidas veces a su exmarido, Manuel Alonso Herrero, por malos tratos. A pesar de sus constantes denuncias, el sistema judicial no le brindó la protección necesaria. Lucía vivía en la finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, Málaga, un lugar que compartía con Manuel, con quien tenía una hija. En esa finca se gestionaba el cuidado de animales exóticos decomisados por la Guardia Civil, en lo que parecía ser una actividad legal, pero que más tarde revelaría ser el centro de actividades ilegales, incluyendo el tráfico de animales y narcotráfico. El 30 de abril de 2008, Lucía fue brutalmente asesinada. Su cuerpo apareció flotando en la piscina de la finca, con evidentes signos de violencia. Lo que en un principio parecía un crimen pasional cometido por su exmarido, rápidamente se transformó en algo mucho más profundo. La investigación, conocida como el "Caso Telaraña", destapó una red de corrupción que involucraba a de la Guardia Civil, funcionarios públicos y redes de narcotráfico. Manuel Alonso Herrero fue señalado desde el principio como el principal sospechoso del asesinato, pero presentó una coartada sólida basada en recibos y testimonios que lo situaban fuera de la finca en el momento del crimen. Aunque su implicación en la red de corrupción y tráfico de animales era evidente, las pruebas directas que lo vinculaban con la muerte de Lucía resultaron insuficientes durante años. La corrupción en las investigaciones y las conexiones entre criminales y agentes de seguridad impidieron que se avanzara rápidamente en el caso. El caso se mantuvo estancado durante años, hasta que una investigación más profunda, iniciada en 2012, permitió reabrirlo bajo la supervisión del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Este equipo descubrió que la corrupción en torno a la muerte de Lucía estaba relacionada con otras actividades criminales, incluyendo el narcotráfico y la protección de ciertos delincuentes por parte de de las fuerzas de seguridad. Finalmente, en 2019, un juicio absolvió a los acusados, entre ellos Manuel Alonso, debido a la falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, tras una apelación de la familia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó la repetición del juicio, que está pendiente de celebrarse. El caso de Lucía Garrido no solo destaca por la brutalidad de su asesinato, sino también por la complejidad de una red de corrupción que involucraba a aquellos que, en teoría, debían protegerla. Su muerte destapó las fallas del sistema judicial y puso de manifiesto las profundas conexiones entre el crimen organizado y ciertos sectores de las fuerzas del orden.

El 1 de mayo de 2013, Elisa Abruñedo, una mujer de 46 años, desapareció tras salir a dar un paseo cerca de su casa en Cabanas, A Coruña. Madre de dos hijos y trabajadora en una residencia de mayores, su rutina era conocida y respetada por todos en el pequeño municipio. Sin embargo, aquel día no volvió a casa. La preocupación de su familia creció rápidamente cuando intentaron arla sin éxito. A medida que avanzaba la tarde y la noche, la comunidad comenzó a temer lo peor. Fue al día siguiente cuando la tragedia se confirmó. El cuerpo de Elisa fue hallado en una zona boscosa a unos 200 metros de su hogar. Las condiciones en las que fue encontrado dejaron a todos conmocionados: Elisa había sido violada y apuñalada en tres ocasiones con un arma blanca, una de ellas fue la que le causó la muerte. La brutalidad del crimen sacudió a la localidad de Cabanas y sembró el miedo entre los vecinos, que no podían creer que algo así hubiera ocurrido tan cerca de sus hogares. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y, aunque recogieron pruebas importantes, como el ADN del agresor en el cuerpo de la víctima, el caso no avanzó de inmediato. Durante años, la ausencia de coincidencias en las bases de datos criminales mantuvo la investigación estancada. El asesino no estaba fichado, lo que dejó a la familia de Elisa y a los investigadores en una larga espera. Sin embargo, en 2016, la investigación tomó un nuevo rumbo cuando se decidió realizar cribados genéticos voluntarios en la región. A través de estas pruebas, los investigadores lograron reducir el número de sospechosos y conectaron el ADN del agresor con un grupo de hombres de apellido Rodríguez, originarios del concello de Valdoviño, una localidad cercana. Con este avance, los genetistas y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) trabajaron meticulosamente, reconstruyendo árboles genealógicos que les permitieron identificar a Roger Serafín Rodríguez, un hombre pelirrojo, como el principal sospechoso. Roger Serafín fue finalmente detenido en octubre de 2023, diez años después del crimen. Tras su detención, el hombre confesó ser el autor del asesinato de Elisa Abruñedo, itiendo su culpabilidad en los primeros interrogatorios. Las pruebas de ADN y su confesión fueron suficientes para cerrar el círculo en torno a su culpabilidad. A pesar de la confesión, la familia de Elisa, representada por la abogada Beatriz Rubín Barrenechea, espera que el juicio, pendiente de una fecha definitiva, le imponga la pena máxima permitida por la ley. Aunque la prisión permanente revisable no se puede aplicar debido a que no existía en 2013, Roger Serafín se enfrenta a una condena de hasta 30 años de prisión. Este caso, que se mantuvo en la incertidumbre durante una década, es un testimonio de los avances en tecnología genética y la perseverancia de los investigadores. La ciencia, combinada con el esfuerzo incansable de las autoridades, permitió resolver un crimen que parecía condenado a quedar impune, llevando algo de consuelo a la familia de Elisa tras tantos años de sufrimiento.

El caso de Ana Buza, una joven de 19 años, continúa siendo objeto de investigación años después de su muerte en la madrugada del 7 de septiembre de 2019. Ana fue hallada sin vida detrás del quitamiedos de la autovía A-4, cerca de Carmona, Sevilla, tras un presunto accidente mientras viajaba en coche con su novio. Inicialmente, las autoridades cerraron el caso apenas 36 horas después, concluyendo que la joven se había suicidado al arrojarse del vehículo en movimiento. Sin embargo, esa versión nunca convenció a la familia de Ana, quienes desde el primer momento sospecharon que había algo más oscuro detrás de la tragedia. Los padres de Ana, particularmente su padre, Antonio Buza, iniciaron una lucha incansable para reabrir el caso y obtener justicia. Las dudas comenzaron a surgir cuando se descubrieron irregularidades en el testimonio del novio, quien dio cuatro versiones distintas sobre lo sucedido la noche del incidente. Además, las lesiones encontradas en el cuerpo de Ana, incluyendo fracturas en los fémures y heridas que sugerían un impacto contra la valla de la carretera, no coincidían con la hipótesis de que se había lanzado del coche por voluntad propia. Las pruebas presentadas por la familia, incluyendo informes forenses y reconstrucciones del accidente, sugieren que Ana fue atropellada deliberadamente. Los peritos contratados por la familia concluyeron que, a la velocidad a la que circulaba el coche, era improbable que Ana hubiera podido abrir la puerta y saltar por sí misma. Los informes también indicaron que las fracturas en sus piernas eran más compatibles con un atropello que con una caída desde un vehículo en marcha. Otro aspecto que despertó sospechas fue la manipulación del teléfono móvil de Ana. Su dispositivo apareció misteriosamente 19 días después del accidente, y un análisis posterior reveló que había sido manipulado antes y después de su muerte. Además, el móvil de su novio fue entregado a las autoridades con un considerable retraso, lo que levantó más sospechas sobre la destrucción de pruebas. En julio de 2020, tras la presión ejercida por la familia y la presentación de nuevas pruebas, el novio de Ana fue imputado por su muerte, aunque el caso aún no ha llegado a juicio. Antonio Buza sigue luchando para que el caso sea reconocido como un homicidio, y que sea juzgado como un posible crimen de violencia de género, dado el control y abuso emocional que Ana sufría en su relación. El caso de Ana Buza sigue siendo un recordatorio doloroso de lo difícil que puede ser obtener justicia cuando las investigaciones iniciales presentan fallos, y de cómo las familias de las víctimas, a menudo, deben luchar por respuestas cuando el sistema falla.

El caso de Paulette Gebara Farah conmocionó a México y al mundo por su misteriosa desaparición y el inesperado desenlace. Paulette era una niña de 4 años con discapacidad motriz y del lenguaje que vivía con su familia en un exclusivo departamento en Huixquilucan, Estado de México. La noche del 21 de marzo de 2010, después de regresar de un viaje familiar a Valle de Bravo, la niña fue puesta a dormir por su madre, Lizeth Farah, y por las niñeras que la ayudaban en su cuidado. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero a la mañana siguiente, la pequeña ya no estaba en su cama. Al darse cuenta de su ausencia, las niñeras buscaron a Paulette en toda la casa y en las áreas comunes del edificio, pero no lograron encontrarla. Avisaron a los padres y, después de una búsqueda infructuosa, decidieron alertar a las autoridades. La denuncia fue interpuesta el 22 de marzo y la policía se movilizó de inmediato para intentar dar con su paradero. Los investigadores revisaron cada rincón del departamento y del edificio, pero no hallaron ninguna señal de entrada forzada, lo que descartó la posibilidad de un secuestro externo. A pesar de contar con perros rastreadores y de inspeccionar la zona repetidamente, no encontraron ninguna pista sobre la niña. Mientras la búsqueda se intensificaba, la noticia de la desaparición de Paulette se difundió rápidamente por los medios de comunicación y redes sociales. La familia lanzó una campaña para encontrarla, empapelando la ciudad con carteles que mostraban su rostro y pedían ayuda. Lizeth Farah, la madre, se mostró constantemente ante las cámaras, pidiendo el regreso de su hija. Sin embargo, su comportamiento, considerado por algunos como frío y distante, comenzó a despertar sospechas. La opinión pública se volcó sobre el caso, cuestionando cada aspecto de la investigación. El 31 de marzo, nueve días después de la desaparición, la historia dio un giro inesperado. Durante una nueva inspección en el departamento, el cuerpo de Paulette fue encontrado en un espacio reducido entre el colchón y la estructura de los pies de la cama, en la misma habitación donde se le vio por última vez. Estaba cubierto con mantas y ya no presentaba signos de vida. El hallazgo fue un golpe duro para la opinión pública y generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo era posible que no la hubieran encontrado antes, si la habían buscado ahí mismo? La autopsia reveló que Paulette había muerto la misma noche de su desaparición, debido a una asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias y compresión toracoabdominal. Las autoridades concluyeron que se trató de un accidente, ya que no se encontraron signos de violencia física. Sin embargo, esta versión fue recibida con escepticismo y críticas, tanto por parte de la población como de los expertos en criminología. Las incongruencias en la investigación y las contradicciones en los testimonios de los padres y las niñeras levantaron aún más sospechas. A pesar de esto, las autoridades dieron por cerrado el caso, declarando que la muerte de la niña había sido un trágico accidente. No hubo imputaciones ni detenciones, y la familia quedó sumida en la controversia. El caso de Paulette Gebara Farah sigue siendo uno de los más polémicos en la historia reciente de México. La inexplicable desaparición y posterior hallazgo de la niña, junto con la manera en que se desarrolló la investigación, dejaron muchas preguntas sin respuesta. A más de una década de lo sucedido, la sombra de la duda persiste y para muchos, la verdad sobre lo que realmente ocurrió en esa habitación de Huixquilucan sigue siendo un misterio.

En este episodio de Laberinto Criminal, nos adentramos en uno de los crímenes más recordados de la ciudad de Albacete: el asesinato de María Isabel de la Rosa, una vendedora de la ONCE cuyo brutal crimen conmocionó a toda la región. María Isabel era una figura muy querida en su comunidad. Con una sonrisa cálida, vendía cupones de la ONCE en las calles de Albacete, donde era conocida por todos. Lo que parecía ser una vida tranquila y dedicada al trabajo se convirtió en una tragedia de proporciones inesperadas cuando su cuerpo apareció sin vida en circunstancias que desataron una compleja investigación. María Isabel desapareció tras su jornada laboral. Al no regresar a casa, su familia denunció su desaparición, y las alarmas comenzaron a sonar en toda la ciudad. Las primeras horas de búsqueda resultaron infructuosas. Sin embargo, el hallazgo de su cuerpo en las cercanías de la ciudad, con signos evidentes de violencia, dejó claro que se trataba de un asesinato brutal. La noticia se expandió rápidamente y causó una gran consternación entre los vecinos de Albacete. ¿Quién podría haber cometido tal atrocidad contra una mujer tan conocida y querida? La investigación inicial estuvo marcada por la búsqueda exhaustiva de cualquier pista que ayudara a esclarecer el caso. Los investigadores centraron sus esfuerzos en reconstruir los últimos momentos de María Isabel, desde el momento en que salió a vender cupones hasta el trágico desenlace. Sin embargo, no fue sencillo. No había testigos directos ni una pista clara que pudiera señalar al responsable de su muerte. La falta de pruebas concretas complicó los primeros días de la investigación. Pero la clave para resolver el caso llegaría meses después, cuando una serie de confesiones y declaraciones apuntaron a un conocido de la víctima como principal sospechoso. El hombre, que tenía antecedentes por delitos menores, se había cruzado con María Isabel en varias ocasiones durante su trabajo como vendedora de cupones. La reconstrucción de los hechos y las pruebas recogidas por la policía acabaron por encajarlo como el autor del crimen. Su detención puso fin a la incertidumbre, pero no al dolor que la familia de María Isabel había sufrido durante meses de angustia y desesperación. En el juicio que siguió, se revelaron detalles espeluznantes del asesinato. El móvil del crimen, la brutalidad del ataque, y los intentos del acusado por eludir la justicia causaron una profunda impresión en la sociedad de la época. Finalmente, fue condenado a una larga pena de prisión, aunque para muchos, ninguna condena podría reparar el daño causado. Este episodio de Laberinto Criminal revive con detalle el caso de María Isabel de la Rosa, una mujer cuyo nombre quedó grabado en la historia de Albacete como símbolo de una tragedia inexplicable. A través de los testimonios, las investigaciones y el proceso judicial, exploramos cómo este caso marcó un antes y un después en la ciudad, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.

El crimen de Juana Canal comenzó en 2003, cuando desapareció tras una discusión con su pareja, Jesús Pradales, en su hogar de Madrid. Durante casi dos décadas, el caso permaneció sin resolverse. En 2019, excursionistas descubrieron restos humanos en Ávila, y en 2022, la Guardia Civil reabrió el caso, conectando los huesos con Juana. La investigación llevó al arresto de Pradales, quien confesó haber descuartizado el cuerpo y enterrado los restos. En 2023, fue procesado por homicidio tras años de misterio y negligencia investigativa.

En este episodio, exploramos el fascinante y trágico caso de los hermanos Menéndez, que sacudió a Estados Unidos en los años 90. Lyle y Erik Menéndez, hijos de José y Kitty Menéndez, fueron acusados del brutal asesinato de sus padres en su lujosa mansión de Beverly Hills. A lo largo del episodio, profundizamos en la vida de José Menéndez, quien emigró de Cuba a los Estados Unidos a los 16 años, y su ascenso como exitoso ejecutivo, así como en los problemas familiares que los hermanos alegaron los llevaron a cometer el crimen. Desde las acusaciones de abuso hasta la reacción mediática y el juicio televisado, este episodio te llevará a través de cada aspecto del caso que aún sigue siendo motivo de debate.

El Crimen del concejal de Izquierda Unida, Javier Ardines, fue uno de los casos más impactantes en España, no solo por la brutalidad del asesinato, sino también por las complejas circunstancias que rodearon el crimen y su investigación. Javier Ardines, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Llanes, Asturias, fue asesinado el 16 de agosto de 2018 a los 52 años. Su trágica muerte conmocionó a la comunidad y planteó serias preguntas sobre los móviles y responsables detrás del crimen. Los hechos del crimen Javier Ardines fue encontrado sin vida cerca de su casa en Belmonte de Pría, un pequeño pueblo en el concejo de Llanes. El concejal había salido temprano esa mañana para realizar su rutina habitual, pero nunca llegó a su destino. Su cuerpo fue hallado en un camino rural con evidentes signos de violencia. Las primeras investigaciones señalaron que había sido golpeado y estrangulado, y la escena del crimen revelaba una emboscada premeditada. El caso atrajo la atención nacional debido a las posibles implicaciones políticas y personales que podían estar detrás del asesinato. Ardines no solo era conocido por su trabajo como concejal, sino también por su cercanía con la comunidad, su carácter afable y su defensa de los intereses locales. La investigación y los móviles Inicialmente, la investigación se centró en posibles conflictos relacionados con su actividad política, pero pronto las autoridades descubrieron que el móvil del crimen estaba más vinculado a cuestiones personales que políticas. La investigación dio un giro inesperado cuando la Guardia Civil identificó como principal sospechoso a Pedro Nieva, un empresario de Vizcaya y marido de una prima de la esposa de Ardines. Según las pesquisas, Pedro Nieva había contratado a sicarios argelinos para asesinar a Ardines tras descubrir una supuesta relación amorosa entre su esposa y el concejal. Los investigadores demostraron que Nieva había planificado meticulosamente el asesinato, coordinando la contratación de los sicarios y organizando su viaje desde Vizcaya hasta Asturias. El crimen se ejecutó de manera fría y calculada. Se colocaron obstáculos en el camino habitual de Ardines para detenerlo y así crear la oportunidad perfecta para el ataque. Los sicarios, contratados por Nieva, aprovecharon la oscuridad de la madrugada para emboscar al concejal y acabar con su vida, sin darle posibilidad de defenderse. El juicio y las condenas En 2021, el caso llegó a juicio, donde Pedro Nieva y los sicarios fueron acusados de asesinato con alevosía. Durante el proceso, se presentaron pruebas contundentes que incluían grabaciones de conversaciones telefónicas, registros de ubicación de los teléfonos móviles y testimonios que confirmaban la planificación y ejecución del crimen. Pedro Nieva fue condenado a 22 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato, mientras que los sicarios recibieron condenas de 25 y 24 años por su participación directa en el asesinato de Javier Ardines. La sentencia confirmó que el asesinato había sido premeditado y motivado por los celos y la venganza personal. Impacto y repercusiones El asesinato de Javier Ardines no solo dejó una profunda herida en la comunidad de Llanes, sino que también causó un gran impacto a nivel nacional. Este caso puso de manifiesto cómo los conflictos personales pueden llevar a situaciones extremas, y cómo algunos individuos son capaces de planificar un crimen con absoluta frialdad. La figura de Javier Ardines fue recordada con respeto y cariño por sus compañeros de Izquierda Unida, quienes destacaron su dedicación al servicio público y su compromiso con los valores de justicia social. Su asesinato representó un duro golpe para su familia y para todos aquellos que lo conocieron como un hombre íntegro y comprometido con la comunidad. El Crimen del concejal Javier Ardines es un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de quienes ocupan cargos públicos y de los peligros que pueden derivar de los conflictos personales. Aunque el dolor por su pérdida sigue presente, la justicia logró arrojar luz sobre los hechos y llevar a los culpables ante los tribunales, cerrando así uno de los episodios más trágicos en la política local de España.

En el año 2000, José Rabadán, conocido como el ‘Asesino de la Catana’, conmocionó a España al cometer un triple parricidio en su hogar de Murcia. Con solo 16 años, Rabadán mató a sus padres y a su hermana menor con una catana, en un caso que dejó una huella profunda en la sociedad. Sin embargo, hoy en día, su vida ha dado un giro completo, viviendo como un hombre reinsertado en la sociedad. El crimen que sacudió a Murcia En la mañana del 1 de abril del 2000, Rabadán llevó a cabo el asesinato de su familia. Armado con una catana, un sable japonés que le habían regalado, acabó con la vida de su padre, su madre y su hermana de nueve años. Los informes forenses indicaron que los crímenes ocurrieron entre las seis y las ocho de la mañana. Su padre intentó defenderse, presentando múltiples heridas defensivas y su cabeza fue encontrada en una bolsa de plástico. Su madre fue asesinada mientras dormía, sin signos de resistencia, y su hermana, que tenía síndrome de Down, también intentó repeler el ataque de su hermano mayor. Tras los asesinatos, Rabadán intentó ocultar los cuerpos para evitar que el olor alertara a los vecinos. Colocó el cuerpo de su hermana en la bañera llena de agua y arrastró el cuerpo de su padre hasta el cuarto de baño. Posteriormente, huyó con la intención de empezar una nueva vida en Barcelona, donde planeaba reunirse con una chica con la que chateaba por Internet. Detención y juicio Rabadán fue detenido tres días después del crimen en Alicante, cuando intentaba huir hacia Barcelona. Durante su detención, mostró una sorprendente calma y frialdad, características que también se reflejaron durante el proceso judicial. Fue condenado a ocho años de internamiento en un centro de menores y dos años de libertad vigilada. La cobertura mediática del caso fue intensa, y el rostro de Rabadán se hizo conocido en toda España. Sin embargo, tras cumplir su condena, intentó rehacer su vida lejos del ojo público. Un nuevo comienzo Cumplida su sentencia, José Rabadán fue liberado el 1 de enero de 2008. Desde entonces, ha intentado mantenerse alejado de la atención pública y vivir una vida normal. En 2017, salió del anonimato para participar en un documental de DMAX titulado “Yo fui un asesino”. En el documental, Rabadán habla abiertamente sobre su crimen y su proceso de reinserción. Hoy, Rabadán está casado, tiene una hija pequeña y trabaja como broker en la Bolsa. Ha encontrado en la religión un pilar fundamental para su rehabilitación, formando parte de la asociación evangélica ‘Nueva Vida’. Según sus propias palabras, esta organización le ayudó a encontrar la paz y el perdón que necesitaba para seguir adelante. Reflexiones sobre la reinserción El caso de José Rabadán plantea preguntas complejas sobre la naturaleza de la justicia, el perdón y la reinserción social. Pese a las opiniones divididas sobre su rehabilitación, Rabadán sostiene que su objetivo es demostrar que la reinserción es posible y que incluso aquellos que han cometido crímenes atroces pueden encontrar un camino hacia la redención. A través de su historia, Rabadán busca aportar un “granito de arena” para mostrar que siempre hay esperanza. En sus propias palabras: “Mi intención es mostrar que hay esperanza y que la reinserción es posible”. Esta afirmación, sin embargo, sigue siendo motivo de debate en la sociedad, que aún lucha por reconciliar los horrores del pasado con la posibilidad de un futuro mejor para aquellos que buscan redimirse.

El crimen de Eduardo Montori, también conocido como “Falconetti”, es uno de los casos más perturbadores y enigmáticos que han sacudido a la comunidad de Ejea de los Caballeros. Encontrado sin cabeza, con 17 puñaladas en el tórax y con las huellas dactilares y tatuajes raspados para borrar su identidad, el caso ha dejado una profunda huella en la memoria colectiva. El hallazgo del cuerpo Era una mañana de domingo cuando los vecinos del número 2 de la calle Zaragoza, en Ejea de los Caballeros, comenzaron a notar un fuerte olor a descomposición. El olor emanaba del bajo donde vivía Eduardo Montori, de 34 años, quien tenía antecedentes por robos y estafas y estaba vinculado al tráfico de drogas. El 15 de septiembre de 1996, la Guardia Civil descubrió su cuerpo sin vida, boca abajo sobre un colchón empapado en sangre, con las paredes del cuarto también cubiertas de salpicaduras. Las primeras investigaciones Desde el inicio, Pablo Miguel C. L. fue uno de los principales sospechosos. Sin embargo, las pruebas iniciales, incluyendo las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, no coincidieron con las suyas, dejando el caso sin resolver. La policía centró su investigación en el entorno de Montori y la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con drogas o estafas a empresas de Zaragoza, Navarra y La Rioja. Avances en la investigación Con el avance de la tecnología forense, en verano de 2016, una huella palmar ensangrentada encontrada en una de las paredes de la escena del crimen fue analizada nuevamente y se descubrió que correspondía a Pablo Miguel C. L., a solo dos meses de que el caso prescribiera. Esta evidencia crucial permitió reabrir el caso y proceder con su detención, ya que en ese momento se encontraba en prisión por otros delitos. El juicio y la absolución El esperado juicio tuvo lugar en abril de 2017 en la Audiencia de Zaragoza. A pesar de la nueva prueba forense que vinculaba a Pablo Miguel C. L. con la escena del crimen, el jurado popular no encontró suficientes pruebas para condenarlo. Durante el juicio, Pablo Miguel C. L. alegó que la prueba de la huella era un montaje y que tenía una relación amistosa con Montori. A pesar de las explicaciones de los expertos y las conclusiones de la Guardia Civil, el jurado decidió absolverlo, afirmando que no se había probado que él fuera quien cometió el asesinato. Reflexiones finales El caso de Eduardo Montori sigue siendo uno de los misterios más impactantes de la criminología española. La sofisticación con la que se llevó a cabo el crimen y las dificultades para probar la culpabilidad de los sospechosos subrayan los desafíos en la investigación de delitos complejos. A pesar de los avances tecnológicos, el caso de “Falconetti” permanece sin resolver, dejando a la comunidad y a las autoridades en busca de respuestas y justicia.

Antonio Gali Balaguer es conocido por ser un depredador sexual y asesino en serie que cometió varios crímenes en Aragón. Su historial delictivo incluye abusos sexuales, asesinatos y tráfico de drogas, dejando una marca imborrable en la región. Primeros delitos y condenas Gali Balaguer comenzó su carrera criminal en 1979 con intentos de abuso sexual en Calanda, Teruel. Fue condenado a una pena leve de cuatro meses y un día de prisión, lo que no impidió que continuara con sus delitos. En 1982, en Alcañiz, cometió otros ataques violentos, golpeando a sus víctimas con un tubo de metal. Nuevamente, las penas fueron mínimas, permitiéndole seguir delinquiendo. Primer asesinato en La Zaida El primer asesinato de Gali Balaguer tuvo lugar en 1982 en La Zaida, Zaragoza. Tras involucrarse con Ángela, una mujer casada, y ser descubierto por el esposo de ella, José Luis, Gali Balaguer decidió eliminarlo. Con 17 golpes en la cabeza, acabó con la vida del pastor José Luis, enterrando luego su cuerpo en una cuadra. Este asesinato marcó el inicio de su escalada criminal  . Crimen en La Cartuja En 1984, en La Cartuja, un barrio rural de Zaragoza, Gali Balaguer cometió uno de sus crímenes más atroces. Victoria, una niña de 11 años, amiga de una de las hijas de Gali, fue la víctima. Tras invitarla a su casa, abusó de ella y, al ser amenazado con la posibilidad de ser denunciado, decidió ahogarla en la bañera y enterrar su cuerpo en cemento. La desaparición de la niña conmocionó a la comunidad y llevó a una investigación que finalmente descubrió el crimen y resultó en la detención de Gali Balaguer  . Actividades en Galicia Después de cumplir una condena parcial por sus crímenes en Aragón, Gali Balaguer se trasladó a Ourense y al norte de Portugal, donde fue detenido por tráfico de drogas. En noviembre de 2005, poco después de salir de la cárcel en Portugal, volvió a matar. Esta vez, su víctima fue Aurora, una mujer con la que había acordado un servicio sexual. Tras un altercado, la asfixió y abandonó su cuerpo en una cuneta. Fue detenido tres meses después, cuando otra mujer denunció un intento de asesinato por parte de Gali Balaguer, lo que llevó a su arresto y posterior condena a 19 años de prisión  .

El 9 de diciembre de 2016, María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, fue asesinada con dos disparos en la cabeza en el interior de su Porsche Cayenne, en el lavadero de Novocar en Alicante, propiedad de su yerno Miguel López. Este suceso conmocionó a la población alicantina y puso a López como principal sospechoso debido a su relación familiar y problemas previos por la herencia de Vicente Sala. Miguel López fue arrestado el 8 de febrero de 2017 y pasó 39 días en prisión preventiva mientras se investigaban pruebas como su ordenador y su ADN, aunque no se encontraron resultados concluyentes. En 2018, la defensa de López argumentó que el motivo económico no tenía sentido ya que López estaba casado bajo el régimen de separación de bienes y ya había recibido una herencia considerable. También desmintieron que las cámaras de vigilancia en el lugar no funcionaran, ya que nunca existieron. Pese a estos argumentos, en enero de 2019 se abrió juicio oral contra López por asesinato y tenencia ilícita de armas. El juicio, celebrado en octubre de 2018, resultó en la absolución de López, aunque Vicente Sala pidió la anulación del veredicto. Finalmente, el Supremo anuló la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo juicio con un nuevo jurado y magistrado. El caso sigue sin resolverse y López se mantiene en el foco de la justicia.

La joven británica Lucie Blackman, de 21 años, vivió una experiencia trágica cuando fue drogada, abusada y posteriormente descuartizada por un adinerado empresario japonés mientras se encontraba en Tokio. Lucie y su mejor amiga, Louise Phillips, decidieron aventurarse en la capital nipona para sumergirse en una cultura diferente a la de su ciudad natal en Gran Bretaña. Sin embargo, su viaje tomó un giro oscuro cuando Lucie desapareció después de salir con un hombre mayor. Phillips recibió una llamada telefónica al día siguiente, donde un hombre afirmaba que Lucie se había unido a una secta religiosa y que no deseaba ser ada. Sin embargo, Louise sabía que esto no podía ser cierto y sospechaba que su amiga estaba en peligro. Después de que Lucie no regresara y considerando su preocupación, Louise ó a la familia de Lucie en Gran Bretaña. La hermana menor de Lucie, Sophie, voló a Tokio y juntas acudieron a la policía para reportar la desaparición. A pesar de sus esfuerzos, la policía inicialmente desestimó la situación, sugiriendo que Lucie había decidido irse de vacaciones con un hombre adinerado. Esta respuesta indignó a la familia y a Louise, quienes sabían que algo más grave podía estar sucediendo. El padre de Lucie, Tim Blackman, llegó a Tokio once días después de la desaparición y se dio cuenta de que la policía local no estaba tomando en serio el caso. Con la ayuda de los medios de comunicación y la intervención del gobierno británico, la búsqueda de Lucie ganó atención y presión internacional. La policía finalmente recibió pistas sobre un hombre adinerado que había estado drogando y abusando de mujeres occidentales en la zona donde trabajaba Lucie. Una de las víctimas pudo proporcionar un nombre y número de teléfono parcial del agresor, lo que llevó a la policía a identificar a un sospechoso. Después de una intensa búsqueda, la policía localizó la ubicación del agresor, quien resultó ser un hombre rico con una colección de autos de lujo y propiedades. Además, testigos confirmaron haber visto a Lucie con este hombre en un restaurante cercano. Desafortunadamente, cuando la policía finalmente llegó al restaurante, ya era demasiado tarde. Lucie había sido víctima de un horrendo crimen, y su trágica historia sirvió como un recordatorio sombrío de los peligros que pueden enfrentar los jóvenes occidentales en un entorno desconocido.

Pedro Alonso López es considerado uno de los peores asesinos seriales de la historia a nivel mundial. Atemorizó entre los años 1969 y 1980 a Perú, Ecuador y Colombia. Lo llamaron el ‘Monstruo de los Andes’ por abusar, torturar y asesinar a cerca de 350 niñas indígenas de esas naciones. Sin embargo, por todos sus crímenes solo fue condenado a 16 años de prisión en Ecuador, de los cuales cumplió 14. Posteriormente fue internado en un centro psiquiátrico por cuatro años en Colombia, donde lo declararon “sano” en 1998 y lo dejaron en libertad. En 2002, la Interpol pidió su detención por sospecha de un reciente asesinato y desde entonces se encuentra desaparecido. Su madre, Benilda López Castañeda, a quien fue la última que vio por última vez, asegura que todavía está vivo. Crímenes y modus operandi El ‘Monstruo de los Andes’ confesó haber violado y asesinado a unas 350 niñas. Los investigadores calculan que en su mayor momento de criminalidad llegó a matar a tres víctimas por semana. Nacido en el seno de una familia pobre en Colombia, López fue el séptimo de 13 hijos. Su padre falleció en medio de la guerra civil en 1948, mientras que su madre se dedicaba a la prostitución. Estuvo en prisión durante algunos años y gran parte de su vida se vio marcada por los abusos, las drogas y la criminalidad. En 1971, cuando cumplió 23 años, Pedro Alonso viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Encontró en niñas de entre 8 y 13 años a sus víctimas. En la ciudad de Ayacucho asesinó a aproximadamente 100 menores indígenas. El modus operandi que empleaba era atraerlas con algún regalo y posteriormente abusar sexualmente de ellas mientras las estrangulaba. Según confesó a los investigadores, el ‘Monstruo de los Andes’ tenía como objetivo las niñas de poblaciones menos favorecidas debido a que era más fácil burlar a las autoridades y a sus padres. “A menudo seguí a familias de turistas con el deseo de llevarme a sus hermosas hijas rubias. Pero nunca tuve la oportunidad. Sus padres vigilaban demasiado”, declaró en una oportunidad. Su sangriento legado en Ayacucho culminó luego de que un grupo de pobladores lo siguieran y lo descubrieran a punto de llevarse a una menor. López fue atado y enterrado vivo como castigo. Sin embargo, una misionera estadounidense lo encontró y lo liberó con la promesa de entregarlo a las autoridades. Ruta en Ecuador y Colombia Según el documental plasmado en Biography Channel, López fue entregado en manos de las autoridades peruanas, pero pasó a ser deportado al país vecino Ecuador. Entre los años 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas en dicha nación y también en Colombia fue en aumento. La Policía atribuyó este incremento a la trata de personas y la esclavitud sexual de la época. Sin embargo, tras una inundación en la municipalidad ecuatoriana de Ambato —que provocó la desaparición de cientos de personas— se descubrió los cadáveres enterrados de cuatro niñas que habían sido violadas y estranguladas. La forma en cómo habían sido asesinadas correspondía al modus operandi del ‘Monstruo de los Andes’. Esto llevó a la Policía a sospechar nuevamente de Pedro Alonso López. Días después de este suceso, el asesino en serie fue capturado cuando intentaba secuestrar a una menor de 12 años en un supermercado. Durante su detención en la comisaría, el padre Córdoba Gudino logró sacarle confesiones crudas sobre sus atroces actos. “Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole”, declaró el padre, suscribe La Vanguardia. Infancia cruda Dentro de estas descripciones, Pedro López intentó justificar sus agresiones por la dura vida que llevó cuando niño. “Perdí mi inocencia a la edad de ocho años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera”, atribuyó. Según el asesino confeso, Benilda, su madre, ejercía la prostitución en su propia casa, por lo que era inevitable no presenciar las escenas sexuales con sus clientes. Además, ella habría sido una mujer dominante y maltratadora, de acuerdo con versiones de sus vecinos. No obstante, Pedro fue echado de su casa a los 8 años, cuando Benilda lo encontró intentado abusar de su hermana menor. Antes, cuenta él, le quemó los pies con una vela. Las calles de Bogotá resultaron un infierno para él. Un hombre aparentemente caritativo se le acercó para brindarle hogar y alimento, pero terminó sodomisándolo más de una vez y abandonándolo. Más adelante, Pedro encontró adicciones por las drogas hasta que fue adoptado por una pareja estadounidense. Todo parecía estar bien, pero nuevamente regresó a las calles a los 12 años, tras presuntamente escapar de un abuso sexual por parte de un profesor. Los siguientes años de su vida, López los dedicó al robo y a delitos menores que lo llevaban constantemente a detenciones con la Policía. Ya de adulto se convirtió en un hábil ladrón de autos. Pese a ello fue a parar a la cárcel en 1969, cuando cumplió 21 años. Placer de matar Una vez en prisión, Pedro volvió a recordar los fantasmas del pasado. Unos reclusos lo sometieron y abusaron sexualmente de él. Sin embargo, esta vez no dejó el asunto en nada y buscó un cuchillo para degollarlos. Comenzaba en su vida una nueva etapa para su historia criminal. Edwin Olaya, psicólogo y perfilador criminal, indica que los eventos de abuso, sumados a su posible psicopatía, habrían despertado en Pedro Alonso “una compulsión por el homicidio. La muerte se convirtió en el medio para satisfacer muchos de los deseos violentos que se remontan a su niñez”. Cuando salió en libertad se mudó a Ayacucho, en Perú, e inició su vida como asesino serial de niñas. En entrevistas posteriores testificó que buscaba a menores “con los ojos más inocentes” y que siempre cometía sus delitos a la luz del día para poder observarlas. “Su placer máximo era el momento en el que ponía sus manos sobre el cuello de la niña y veía como poco a poco se iba apagando”, relata Olaya. Los expertos en psicología forense explican que el perfil del ‘Monstruo de los Andes’ es el de un sociópata. No muestra remordimiento por su actos y carece de empatía. Asimismo, señalan que está marcado fuertemente por sus experiencias vividas de niño y se encuentra en una constante persecución por destruir al otro como método para auto conservarse. También refleja una marcada repulsión hacia las mujeres y el deseo de violentarlas, lo cual lo ha llevado a crear un “mundo feliz a través de la fantasía por medio del placer sexual obtenido a través del maltrato”. Con paradero desconocido Una vez que Pedro Alonso López fue capturado en Ambato, en 1980, se le condenó por 16 años, la pena máxima en Ecuador en ese entonces. Solo cumplió 14 del total y fue liberado pese a las protestas que hubo. El asesino fue deportado después a su país de origen, Colombia, donde se le declaró inimputable por sus actos. Ahí fue internado en un centro de psiquiatría por cuatro años. Salió bajo fianza en 1998, con la obligación de seguir un tratamiento psicológico y presentarse ante la justicia una vez al mes. No obstante, esto jamás ocurrió. Ese mismo año, el ‘Monstruo de los Andes’ desapareció para siempre no sin antes visitar a su madre Benilda y robarle dinero. En 2002, la Interpol emitió una orden de captura contra López debido al asesinato de una menor con técnicas empleadas similares al modus operandi del asesino. Al día de hoy se desconoce si sigue o no con vida.

Robert Napper es uno de los criminales más notorios del Reino Unido, conocido por una serie de asesinatos y agresiones sexuales que aterrorizaron a la nación en las décadas de 1980 y 1990. Sus crímenes no solo devastaron a las víctimas y sus familias, sino que también destacaron serias fallas en los sistemas de justicia y salud mental de la época. Este artículo analiza los crímenes de Napper, su captura y las implicaciones más amplias de su caso. El Asesinato de Rachel Nickell El 15 de julio de 1992, Rachel Nickell, de 23 años, fue brutalmente asesinada en Wimbledon Common, Londres, mientras paseaba con su hijo de dos años. Nickell fue apuñalada 49 veces y agredida sexualmente. Su hijo fue encontrado ileso pero traumatizado junto a su cuerpo. El caso atrajo una intensa atención mediática y una investigación policial a gran escala. Inicialmente, la policía se centró en un sospechoso incorrecto, Colin Stagg, quien fue arrestado y juzgado, pero finalmente absuelto debido a la falta de pruebas y a las tácticas cuestionables utilizadas por la policía para intentar obtener una confesión. El Caso de Samantha Bisset En noviembre de 1993, Napper cometió otro crimen horrendo: el asesinato de Samantha Bisset y su hija Jazmine, de cuatro años. Napper irrumpió en su hogar en Plumstead, al sureste de Londres, y las atacó brutalmente. Samantha fue apuñalada repetidamente y Jazmine fue estrangulada. Este crimen fue particularmente impactante debido a la violencia extrema y la vulnerabilidad de las víctimas. La Captura de Robert Napper Robert Napper fue finalmente detenido en 1994 por el asalto a una joven de 21 años en Plumstead. Durante la investigación, la policía encontró pruebas que lo conectaban con los asesinatos de Rachel Nickell y la familia Bisset. En 2008, Napper fue declarado culpable del homicidio de Rachel Nickell tras una revisión del caso y nuevas pruebas de ADN. Napper fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y trastorno de personalidad. Fue declarado culpable de los asesinatos, pero debido a su condición mental, fue internado en el Hospital de Brooor, una institución de alta seguridad para criminales con trastornos mentales. Implicaciones y Lecciones Aprendidas El caso de Robert Napper tuvo profundas implicaciones para la policía, el sistema judicial y el manejo de individuos con enfermedades mentales. La inicial focalización errónea en Colin Stagg resaltó la necesidad de procedimientos de investigación más rigurosos y justos. La revisión del caso y la eventual condena de Napper subrayaron la importancia de las pruebas forenses avanzadas y las revisiones de casos sin resolver. Además, el caso puso de manifiesto las deficiencias en el tratamiento y seguimiento de personas con trastornos mentales graves. Napper había tenido múltiples encuentros con servicios de salud mental y la policía antes de sus crímenes más atroces, lo que plantea preguntas sobre la eficacia de las intervenciones preventivas en casos de enfermedades mentales graves. Reflexión Final Los crímenes de Robert Napper son un sombrío recordatorio de las profundas consecuencias del fracaso en la identificación y gestión de individuos peligrosos. A medida que las técnicas forenses y los procedimientos judiciales continúan avanzando, es esencial que las lecciones aprendidas de casos como el de Napper se apliquen para prevenir futuras tragedias. El legado de sus crímenes sigue siendo una herida abierta en la sociedad británica, pero también ha catalizado mejoras significativas en la justicia penal y el manejo de la salud mental. La memoria de las víctimas debe servir como un llamado constante a la acción y la mejora continua en estos sistemas cruciales.